El Ministerio Público de Guatemala ejecutó una diligencia de allanamiento en las instalaciones del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), en el marco de una investigación penal instaurada por el presunto delito de abuso de autoridad.
La agencia EFE publicó la información en su canal de youtube.
De acuerdo con la información oficial emitida por la Fiscalía, las acciones operativas tienen como propósito recolectar elementos de convicción que permitan esclarecer los hechos bajo pesquisa y fijar las responsabilidades legales correspondientes.
Las autoridades persecutoras del delito aclararon que las actuaciones se encuentran bajo reserva judicial, motivo por el cual no se han proporcionado detalles pormenorizados sobre las líneas específicas de investigación ni sobre personas individualizadas dentro del expediente.
Según reportes periodísticos de medios locales, las diligencias del ente investigador se desprenden de una denuncia promovida por la Organización no Gubernamental Asociación Deporte Limpio.
La denuncia señala un caso de alteración y modificación de documentos vinculados con el presupuesto institucional del Comité Olímpico Guatemalteco correspondiente al ejercicio fiscal del año 2022.
Ante este señalamiento, el personal fiscal procedió al registro del inmueble institucional a fin de obtener documentación y soporte probatorio relativo al manejo presupuestario cuestionado.
La acción judicial reciente se inscribe en un contexto de persistente inestabilidad institucional para la entidad rectora del deporte olímpico de Guatemala, la cual afrontó recientemente una severa sanción internacional.
Entre los años 2022 y 2024, el Comité Olímpico Guatemalteco permaneció suspendido de sus funciones por disposición del Comité Olímpico Internacional (COI).
El origen de dicha suspensión fue la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que dejó sin efecto los estatutos del organismo.
En su dictamen, el Comité Olímpico Internacional consideró que la determinación del máximo tribunal constitucional guatemalteco constituyó una injerencia externa contraria a los principios de autonomía que rigen a los Comités Olímpicos Nacionales.
Dicho diferendo mantuvo al deporte guatemalteco marginado del circuito olímpico internacional bajo su bandera soberana hasta la restitución institucional en 2024.