Por: Rubén J. García B.
El próximo 2 de diciembre, las federaciones deportivas nacionales están llamadas a elegir las autoridades que dirigirán el Comité Olímpico Dominicano (COD) durante el período 2026-2030. La importancia de este proceso exige de todos sus actores prudencia, transparencia y, sobre todo, un profundo respeto por la institucionalidad.
No escribo estas reflexiones para defender una candidatura ni para cuestionar a otra. Mi condición de dirigente deportivo y abogado me obliga, por el contrario, a procurar que nuestras diferencias puedan resolverse dentro del marco de la ley, de los estatutos, reglamentos y del respeto mutuo que debe caracterizar al movimiento olímpico.
La asamblea de federaciones aprobó por unanimidad una Comisión Electoral integrada por el doctor Dionisio Guzmán, quien la preside, Jorge Torres y Rafael Villalona, tres prestigiosos profesionales de reconocida vinculación con el deporte dominicano. Asimismo, quedó establecido que dicha Comisión podrá escoger los asesores jurídicos que se requieran para conducir el proceso electoral.
Las elecciones han sido fijadas para el miércoles 2 de diciembre de 2026. Esa última decisión me parece particularmente acertada.
El proceso electoral que se aproxima encuentra al movimiento olímpico dominicano frente a una situación jurídica que no debe ser ignorada. Durante los últimos años se ha desarrollado un prolongado litigio relacionado con las federaciones de Bádminton, Esgrima, Pentatlón Moderno, Surfing y Tiro, cuyas suspensiones dispuestas por el COD fueron posteriormente anuladas judicialmente.
La decisión de primer grado fue confirmada por la Corte de Apelación en febrero de 2026, y posteriormente se reportó el rechazo del recurso de casación interpuesto por el COD.
No corresponde en estas líneas sustituir a la Comisión Electoral ni adelantar cuál debe ser su decisión respecto de cada federación o delegado. Esa responsabilidad pertenece exclusivamente a quienes han recibido el mandato de organizar y arbitrar las elecciones.
Pero precisamente por la existencia de antecedentes judiciales y controversias institucionales, considero indispensable que las reglas fundamentales estén definidas antes del día de las elecciones.
La pregunta es sencilla, aunque jurídicamente pueda resultar compleja: ¿quiénes integran legítimamente el cuerpo electoral del Comité Olímpico Dominicano y, por consiguiente, quiénes estarán habilitados para ejercer el derecho al voto el próximo 2 de diciembre?
Esa pregunta no debería responderse frente a las urnas. Llegar al día de las elecciones con controversias pendientes sobre quién puede votar, qué representación federativa resulta válida o cuáles son los efectos de determinadas decisiones judiciales sería colocar sobre los hombros de la Comisión Electoral una presión innecesaria y, sobre todo, exponer al movimiento olímpico dominicano a un conflicto perfectamente evitable.
La seguridad jurídica también forma parte de la transparencia electoral. Por esa razón, considero prudente que la Comisión Electoral haga uso oportuno de la facultad que le ha conferido la propia asamblea y procure el asesoramiento de uno o varios juristas independientes, de reconocida trayectoria profesional y sin vinculación con ninguna de las candidaturas en competencia.
Ese asesoramiento debería permitir estudiar serenamente los estatutos del COD, la legislación nacional aplicable, las decisiones judiciales existentes y las normas que regulan el movimiento olímpico, para que con suficiente antelación se determine el padrón electoral definitivo y las personas o federaciones legítimamente habilitadas para ejercer el voto.
La Ley General de Deportes reconoce al Comité Olímpico Dominicano como una entidad privada sin fines de lucro que se rige por sus propios estatutos y reglamentos, dentro del marco de la legislación nacional y de los principios y normas del movimiento olímpico internacional.
Precisamente esa particular naturaleza institucional aconseja que cualquier controversia sea examinada con rigor jurídico y con pleno respeto a las competencias que corresponden a cada instancia.
No se trata de favorecer ni perjudicar a nadie. Si una federación tiene derecho a participar y votar, debe poder hacerlo sin obstáculos. Si jurídicamente no le corresponde, igualmente debe conocerse previamente, mediante una decisión debidamente fundamentada. Lo verdaderamente inconveniente sería que esa discusión estallara el mismo día de las elecciones.
Después de las dificultades que ha vivido nuestro movimiento olímpico durante los últimos años, todos tenemos la responsabilidad de contribuir a recuperar la confianza, fortalecer sus instituciones y preservar la imagen del deporte dominicano.
Quienes aspiramos a servir desde posiciones dirigenciales debemos estar preparados para aceptar el resultado que libremente determine la mayoría. Que gane quien obtenga legítimamente los votos.
Pero que esos votos sean emitidos dentro de reglas conocidas, transparentes y previamente establecidas. Por eso este no es un llamado a favor de una candidatura, es un llamado a favor del Comité Olímpico Dominicano.
La Comisión Electoral tiene por delante una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, una extraordinaria oportunidad: conducir un proceso capaz de devolver tranquilidad y confianza al movimiento deportivo nacional.
Todavía estamos a tiempo. Definamos antes de las elecciones quiénes tienen derecho a elegir y ser elegidos. Aclaremos las controversias jurídicas antes de abrir las urnas. Evitemos que una discusión previsible se convierta, el 2 de diciembre, en una crisis innecesaria.
En democracia deportiva, como en cualquier institución seria, la incertidumbre no debe llegar hasta las urnas. Las reglas deben estar claras antes de comenzar el juego.
Ese sería, a mi juicio, el mejor servicio que todos podemos prestar hoy al deporte dominicano.
